Confianza pública y Autorregulación
En los últimos veinte años las ciencias sociales como la educación, sociología, economía, y ciencia política, entre otras, han descubierto el valor de la confianza en el desarrollo de las naciones.
La confianza conecta a los individuos y facilita que surjan motivaciones y conductas para alcanzar objetivos colectivos. Aquellos más confiados actúan de manera más cooperativa ante la incertidumbre, participan en actividades voluntarias, tienen un mayor nivel de satisfacción con su vida, gozan de mejor salud y viven más. Lo mismo ocurre a nivel de los países.
Ante estos hallazgos es irónico pensar cómo en Chile, de forma inconsciente pero sistemática, hemos ido erosionando casi todos los aspectos que afectan la confianza. Si bien parte importante de la responsabilidad recae en los actores políticos, la empresa privada es también cómplice de este deterioro.
No habría de sorprendernos, entonces, que los estudios internacionales demuestren que en Chile en los últimos quince años la confianza ha caído en forma sostenida y dramática. Al igual que caen las confianzas en las instituciones, caen también las confianzas en las empresas y en las personas.
De acuerdo al último World Value Survey, dos de cada tres chilenos desconfían del gobierno y de las grandes empresas; tres de cada cuatro desconfían del Poder Judicial; y seis de cada siete de los compatriotas a quien no conoce personalmente.
Todos pierden en este escenario, en especial la propia empresa privada. Es un mal negocio operar en un ambiente de volatilidad y desconfianza. Se genera un caldo de cultivo para posturas populistas antiempresa. Suben los riesgos, los costos de transacción y el costo de capital. Los grandes proyectos de inversión a largo plazo se hacen inviables. No se genera empleo.
Reconstruir las confianzas es responsabilidad de todos, en especial de los líderes políticos y sociales, pero también de quienes lideran las empresas del país.
Detrás de la mayoría de nuestros escándalos empresariales hay tres elementos en común: la presencia de conflictos de interés; individuos que ceden ante la tentación del conflicto para obtener ganancias fáciles, cometiendo fraudes y/o faltas a la ética; y, finalmente, los que dirigen dichas empresas que, como cómplices pasivos, no tienen la capacidad o la voluntad de prevenir, detectar y sancionar las malas conductas.
Los directorios de las empresas deben dictar estrictos códigos de conducta para sí y para quienes allí trabajan. El código debe abordar, al menos, tres aspectos: (i) sobre la prevención, detección y tratamiento de los conflictos de interés; (ii) sobre las relaciones con empresas competidoras y la prevención de conductas contra la libre competencia; y, (iii) sobre los derechos de los clientes y proveedores y cómo se deben resguardar.
Por otro lado, a nivel gremial también se deben generar marcos generales de autorregulación para sus asociados. Tanto o más importante que el contenido de estos códigos, es que sean resguardados por entidades con el poder y la independencia para actuar y eventualmente sancionar.
A pesar de que el tema de la autorregulación ha llenado muchas páginas de tinta, en la práctica la empresa privada en Chile está al debe. Es momento de actuar con determinación antes de que el deterioro de las confianzas sea irreversible
